Se han ido formando políticas ambientales, con especial atención al papel correspondiente a la Unión Europea, en la que se ha llegado a una esencial función pública de protección al medio ambiente, que se sustenta en unos principios generales y unos derechos básicos.
La política ambiental europea introdujo aire fresco, mecanismos renovadores, en las anquilosadas posturas sobre el medio ambiente de nuestras regulaciones tradicionales, obligando a actuar a las administraciones públicas españolas en términos más efectivos. El impacto del Derecho derivado europeo se dejó sentir en la regulación de todos los elementos ambientales: aguas, residuos, evaluación ambiental, costas, espacios naturales, delito ecológico…
Todo esto nos hace confiar en que hay indicios de cambios profundos en la reacción del Derecho frente a la problemática ambiental.